El conversatorio, moderado por José Manuel Gonzalez Huesa, director de Servimedia y de Cermi.es, que organiza la Fundación CERMI Mujeres, en colaboración con la agencia de noticias Servimedia y con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, comienza con la intervención de Fuensanta Lima Cid, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, que hace referencia al informe de evaluación sobre mejoras de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, acordado en Consejo Territorial. En dicho informe, de más de 500 hojas, “viene muy bien explicado por parte de todos los sectores intervinientes, desde la administración pública hasta el tercer sector, los propios usuarios y usuarias, hacia dónde tenemos que ir para tener unos servicios de calidad que pongan a la persona en el centro”. 

 

La diputada concluye que “hay que profundizar en el conocimiento de la estructura de los cuidados; definir el conjunto de relaciones existentes entre el sistema social de cuidados y los servicios que se prestan desde la propia ley de promoción de la autonomía; hacer recomendaciones para una mayor visibilidad social y valoración institucional de los cuidados en la política pública; proponer cambios en la normativa de acceso y cobertura de los servicios que se ajusten a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad”.

 

Ha lamentado no poder encontrar dimensionado el enfoque de género a lo largo del texto y se muestra de acuerdo en que se ha dado un paso muy importante, “pero queda mucho por hacer para ponerse en la piel de la mujer con discapacidad que accede a un servicio de atención a la dependencia”, afirma. 

 

Elena Antelo, representante de la Comisión de Trabajo de Autonomía Personal de CERMI, reclama de parte del CERMI una “profunda renovación de la norma que atienda a la promoción de apoyos para cambiar el enfoque asistencialista actual”. Resume además una serie de puntos también destacados por el CERMI en este proyecto de reforma; uno tiene que ver con la propuesta actual de convertir la asistencia personal en un servicio, cuando antes era una prestación y así debería quedar; otro aspecto que rompería con la visión asistencialista es eliminar las incompatibilidades, y que se atienda a lo que necesite la persona; y finalmente, “apostamos por la eliminación de los copagos”. 

 

Javier Arroyo, representante del Foro de Vida Independiente, afirma que “no solo queda un largo trecho en la parte de género, que también, sino un largo trecho para ir hacia la Convención de los derechos de las personas con discapacidad”. Entiende que la Ley de Autonomía Personal es una ley que “nadie discute pues pone el foco en un grupo de personas que demandan una atención y cuidados que hasta ahora no habían recibido”, pero el modelo se focaliza en las funciones asistenciales y “los servicios que ofrece no son los que las personas demandan”. Explica Arroyo que al final se ofrece una prestación económica y se prestan unos cuidados que siempre recaen en las mujeres de casa.

 

“Maquillar o poner parches a esta ley será positivo, pero más allá de esto, hay que hacer cambios de calado y estructurales”. Este participante apuesta por la generación de una ley diferente que esté más orientada a la búsqueda de la autonomía, tal y como se observa además en la Convención de la ONU sobre Discapacidad, sin embargo, advierte: “Tenemos serias dudas de que esto pueda ocurrir con una reforma de la ley como la que se está planteando”. 

 

Elena Antelo explica que “realmente lo que queremos es que se modifique todo el sistema y sea acorde a los tiempos que vivimos” y en ese camino, señala, es importante destacar que hay más mujeres que hombres con discapacidad y que los cuidados profesionales son ofrecidos por mujeres, que hablamos de un sector profesional puramente feminizado y según Antelo, “creo que no se avanza lo suficiente porque realmente no se tiene en cuenta nunca la situación de las mujeres y yo creo que ahí el gobierno tiene que dar un paso adelante y e ir más allá”. 

 

Javier Arroyo insiste en la importancia de poner en el centro a la persona, y por encima de todo la Convencion de la ONU sobre Discapacidad y afirma que “las soluciones que se tienen que dar tienen que ser personalizadas “. Explica que no entiende que el texto para la reforma se haya elaborado antes de concluir el informe de 500 páginas del que habla la diputada Fuensanta Lima. 

 

Por su parte, la parlamentaria se dirige al CERMI y solicita que les envíen las aportaciones que expone su representante en este conversatorio, “porque me parecen muy coherentes algunas de las cosas que pone encima de la mesa”, pero insiste también en que se habla poco del enfoque de género y “en el enfoque de género siempre, siempre, siempre, aparece una parte muy importante que es el sistema de cuidados de las cuidadoras no profesional y de las profesionales, pero yo necesito tener la otra media naranja y eso me lo podéis aportar vosotros; necesitamos ese punto de vista de la persona con discapacidad dependiente, que en su mayoría son mujeres, escuchar la voz de esas mujeres y poniendo a la usuaria, al usuario, a la persona en el centro, qué necesitan ellas, qué se debe de implementar, porque yo he visto en otro estudio que se ha hecho sobre mujer y discapacidad que a ella le cuesta más tener una valoración de su discapacidad”.

 

Así es, responde Elena Antelo. Otra de las demandas del CERMI es la necesidad de “mejorar el sistema de valoración y reconocimiento de las personas, que curiosamente castiga principalmente a las mujeres; el que no haya una buena valoración es cerrarle el acceso a los derechos de que pueden estar reconocidos en la ley”. 

 

Javier Arroyo finaliza con cierto escepticismo asegurando que no observa en este anteproyecto de ley “elementos suficientes para un cambio profundo que es necesario... y esto sí que es un feminicidio estupendo porque sería cargar a las familias, especialmente a las mujeres, con estas cargas”. 

 

Elena Antelo reclama también una norma y regulación de la profesión del asistente personal porque “si no tenemos un buen sistema de cuidados que apoya a las personas estaríamos dejando desamparadas, primero a las que se encuentran en situación de dependencia y después a las familias y especialmente a las mujeres que serán las que se tienen que seguir ocupando de esa situación”. 

 

Y Fuensanta Lima añade la importancia de la sensibilización de la sociedad al completo, que se sepa lo que ocurre ahora mismo con la familia que tiene una persona dependiente. “El sistema de cuidados tiene que pasar del espacio privado a ser gestionado a nivel público”, asevera.